Manifiesto ¡NO al TTIP!

Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones

1. ¿Quiénes somos?

Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.

Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.

2. ¿Qué es el TTIP?

El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.

Los indicios de los que se dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del mundo.

Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable inquietud.

3. ¿Qué nos preocupa?

• La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
• El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
• La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión

4. Demandas y objetivos compartidos

Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:

a) Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.

b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.

c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente.

d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.

e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público.

En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.

f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.

g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.

Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:

• los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
• un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales;
• el reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;
• una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
  lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
• la lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
• el aumento global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.

Manifest NO al TTIP!

Les persones, el medi ambient i la democràcia abans que els beneficis i els drets de les corporacions

1. Qui som?

Som una campanya formada per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que planteja l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, per les sigles en anglès, també conegut com Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic o TAFTA) i el acord amb el Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representem interessos públics molts diversos, incloent la protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, els drets del consumidor i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació i el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres.

Tenim el ferm compromís de rebutjar les actuals negociacions sobre el TTIP, per tal de garantir un debat polític transparent i democràtic. Tots els acords han de servir a l’interès públic i al nostre futur comú.

2. Que és el TTIP?

El TTIP és un acord de gran abast que s’està negociant actualment entre la Comissió Europea (en nom dels Estats membres de la Unió Europea -UE) i el govern dels Estats Units (EUA). No es tracta de les barreres al comerç com els aranzels, que ja són en general molt baixos entre la UE i els EUA. Es centra  sobretot en els reglaments, normes, drets corporatius i garanties d’inversió. El TTIP té com a objectiu, suposadament, facilitar la inversió directa i l’eliminació d’obstacles burocràtics innecessaris per a l’accés al mercat per a les empreses d’ambdós costats de l’Atlàntic.

Tanmateix hi ha proves -provinents de les empreses i la indústria que està participant d’alguna manera a les negociacions- que revelen que l’enfocament sobre les barreres no aranzelàries i la convergència de la reglamentació entre ambdues parts s’està utilitzant per impulsar la des-regulació, una visió dels drets de propietat intel·lectual que només fomenten monopolis, i una carrera per igualar drets i estàndards a la baixa. Els pretesos beneficis econòmics no tenen fonament i, en qualsevol cas, són marginals per a la societat en general, fins i tot en el cas que fos cert el que expliquen els defensors de l’acord al respecte. Més aviat tot indica que els objectius de l’acord amenacen importants drets adquirits en les llargues lluites democràtiques i els interessos socials de la ciutadania de la UE, dels EUA i de la resta del món.

Les negociacions s’estan fent a porta tancada, sense una consulta pública efectiva. Els parlaments nacionals no són informats sobre els detalls dels textos de negociació de la Comissió. Els fragments d’informació que han estat publicats -o filtrats- plantegen considerables preocupacions.

3. Quines són les nostres preocupacions?

• La manca de transparència i de procediments democràtics, el que fa impossible per a la ciutadania i la societat civil seguir les negociacions per tal de garantir que els interessos públics estan sent protegits. Actualment aquestes negociacions estan molt esbiaixades: grups de pressió empresarials tenen accés privilegiat a la informació i oportunitats per influir en les negociacions.

• El capítol proposat sobre protecció d’inversions i en particular la inclusió d’una disposició sobre el mecanisme de Solució de Diferències Estat-Inversor (ISDS). Els ISDS donen als inversors drets exclusius per demandar als estats quan considerin que alguna decisió democràtica -realitzada per institucions representatives i per a l’interès general- es considera que pot tenir impactes negatius en els seus guanys presents o futurs. Aquests mecanismes es basen en judicis fora dels tribunals nacionals. Amb això soscaven els sistemes legals de les nacions i de la UE, així com la sobirania democràtica de la societat per a la formulació de lleis i polítiques d’interès públic.

• La creació de noves estructures de governança antidemocràtiques i procediments que tenen com a objectiu “harmonitzar les regulacions” com el proposat Consell de Cooperació Regulatòria. Aquestes estructures farien que les decisions preses en el marc del TTIP serien constantment pressionades en secret per buròcrates no electes i grans lobbies empresarials. Aquestes estructures no democràtiques amenacen amb rebaixar importants normes i regles dissenyades per a la protecció dels interessos públics, o prohibir futures millores, independentment de la seva necessitat i del mandat públic. També ens preocupal’objectiu d’enfortir la protecció dels “drets de propietat intel·lectual”, que, tal com està plantejat, ataca alguns dels nostres drets bàsics com la salut, l’educació, la cultura i la llibertat expressió.

4. Demandes i objectius compartits:

Sobre la base dels valors de la solidaritat internacional, la justícia social i la sostenibilitat ambiental i el respecte de tots els drets humans, treballem amb els nostres aliats als EUA i en altres parts del món i exigim:

a) Transparència immediata: s’han de fer públics els textos de negociació de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre la TTIP i el CETA.

b) No al ISDS: Ens oposem a aquests mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor i mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la  defensa i millora de l’interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.

c) No al Consell Cooperació Regulatòria: tota la regulació de les operacions comercials, les condicions del comerç i l’establiment d’estàndards de producció del producte i ha d’estar en mans dels òrgans i processos controlats democràticament.

d) No a la des-regulació i a la rebaixa dels estàndards de protecció i al servei de l’interès públic: el nivell de les normes socials i laborals, dels consumidors i de la salut pública, la protecció del medi ambient, incloent la regeneració dels nostres recursos naturals, el benestar animal, les normes sanitàries dels aliments i les pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles, l’accés a la informació i a l’etiquetatge, la cultura i la medicina, la regulació del mercat financer, així com la protecció de dades i altres drets digitals s’han de millorar, i no “harmonitzar” fins al més baix comú denominador. El reconeixement mutu d’estàndards no és acceptable en la mesura que soscava els nivells de protecció acordats democràticament. Cal garantir que s’aplica el principi de precaució.

e) No existeix pitjor des-regulació que la privatització dels serveis públics. Defensem l’accés universal a una educació de qualitat, a  l’atenció a la salut i altres serveis públics com a instruments per a sostenir la reproducció social de la vida i  com una contractació pública que promou l’ocupació local i les economies locals, la discriminació positiva, l’emprenedoria social, l’economia sostenible, la cura de les persones i al servei de l’interès públic.

En aquest sentit cal tenir present que els efectes de la privatització dels serveis públics en diferents àmbits tenen un especial impacte en les condicions de vida i de treball de les dones.

f) La promoció de pràctiques d’agricultura sostenible amb el medi ambient i la protecció de la petita agricultura familiar.

g) Les institucions públiques han de mantenir el poder polític i les estructures necessàries per protegir certs sectors sensibles i salvaguardar les normes importants per a la nostra qualitat de vida. Les normes laborals i ambientals internacionalment acordades han de ser respectades. La violació contínua de les normes del treball ha de ser objecte de sancions.

Finalment defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint:

• els drets humans universals i inalienables de totes les persones, inclosos els drets a una alimentació adequada, aigua, salut, drets sexuals i reproductius,  integritat física i psíquica, vestit, habitatge, educació, protecció social, mobilitat, cultura, oci i a un medi ambient net;

• un treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals;

• el reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat Garantir una redistribució equitativa i una reorganització socioeconòmica, de forma que no recaiguin gairebé en exclusiva en les dones les tasques del benestar quotidià, així com la igualtat de salaris per a homes i dones;

• una transició a una economia de baixes emissions de carboni. que no es basi en un consum excessiu, sinó en l’ús social i ecològicament responsable dels recursos, i que permeti una vida digna sense posar en perill el suport d’altres persones, generacions futures, així com de l’agricultura, de la flora i la fauna;

• aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions;

• la lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants;

• l’augment global del nivell de benestar econòmic, social i ambiental.